Caracas, 21 de Mayo de 2010

200°   y   151° 

RESOLUCION Nº 2010 – 0050 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Comisión Judicial, creada mediante la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, aprobada en sesión de la Sala Plena de fecha 2 de agosto de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 37.014, de fecha 15 del mismo mes y año, en aplicación de lo establecido en la parte in fine del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49, cardinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el servicio público de administración de justicia, debe estar regido por los principios de transparencia, autonomía, gratuidad, imparcialidad, independencia, responsabilidad y celeridad, a cuyo efecto los Tribunales de la República deben estar integrados sólo por el personal necesario y acreditado para la materialización de tales principios, 

CONSIDERANDO 

 Que, el Poder Judicial, mediante Resolución N° 2010-0001, de fecha 14 de enero de 2010, resolvió tomar las medidas necesarias para el uso racional y adecuado del servicio de energía eléctrica con el libre acceso, atención y  seguridad de los justiciables y previa asunción de las medidas necesarias para que no se suspendiese el servicio público de administración de justicia, entre las cuales se  estableció un horario provisional de labores comprendido de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., como medida temporal generada por la situación a nivel nacional en materia de energía eléctrica.  

RESUELVE: 

PRIMERO: Dejar sin efecto la Resolución Nº 2010 – 0001 de fecha catorce (14) de enero de 2010.  

SEGUNDO: El restablecimiento del horario laboral en todos los Juzgados de la República Bolivariana de Venezuela, en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Direcciones Administrativas Regionales, en la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la Inspectoría General de Tribunales y en la Escuela Nacional de la Magistratura; a partir de la presente fecha.   

TERCERO: Se exhorta a todos los Juzgados de la República, a los Directores, Gerentes y Jefes de Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectores e Inspectoras de la Inspectoría General de Tribunales, Directores de la Escuela Nacional de la Magistratura, Jueces o Juezas de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, Presidentes o Presidentas de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo,  Jueces Rectores y Juezas Rectoras, Presidentes y Presidentas de Circuitos Judiciales Penales, Presidentes y Presidentas de Circuitos Judiciales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Jueces Superiores y Presidentes o Presidentas de las Salas de Cortes de Apelaciones,  Jueces y Juezas de la República, a continuar velando por el uso racional y adecuado del servicio de energía eléctrica de todo el personal a su cargo. 

Se ordena la publicación de esta Resolución en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.                                                                     

Comuníquese y publíquese.- 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a  los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil diez. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

La Presidenta, 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Los Magistrados, 

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA,

 LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, 

 ELADIO RAMÓN APONTE APONTE, 

 LUIS ALFREDO SUCRE CUBA,  

 EVELYN MARRERO ORTIZ, 

 El Secretario,JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO 

Caracas, 21 de Mayo de 2010 200°   y   151°

RESOLUCION Nº 2010 – 0050

http://www.tsj.gov.ve/informacion/resoluciones/cj/resolucionCJ_0001165.html

Colegio de Abogados fija posición frente a la institucionalización de la criminalización del ejercicio de la abogacía. 

El Colegio de Abogados de Caracas, en cumplimiento de su deber gremial y social, actuando en defensa del Estado de Derecho, de la libertad y de la justicia, como deberes inherentes al ejercicio de la abogacía, reitera la posición del Gremio de Abogados frente a la criminalización del ejercicio de la abogacía ejecutada sistemáticamente por el régimen: 

1-    Los abogados como parte integrante del sistema de justicia tenemos el deber y el derecho de asistir a todos los sectores de la sociedad en la protección de sus derechos e intereses legítimos, especialmente a quienes, por carecer de un profundo conocimiento del Derecho, están imposibilitados para ejercer eficientemente la defensa de sus derechos civiles, políticos, sociales, de las familias, culturales, educativos, económicos, y demás derechos individuales y colectivos garantizados por la Ley. Son los abogados quienes con el correcto ejercicio de su ministerio protegen valores fundamentales como la libertad, la justicia, la igualdad y la paz, sin los cuales la vida no tendría sentido.

2-    Reiteramos nuestro repudio a lo que constituye una clara política de terrorismo de Estado, evidenciada en la sistemática criminalización del ejercicio de la abogacía mediante la persecución y asesinato moral de los abogados que por haber ejercido su profesión con autonomía e independencia han contrariado los intereses del régimen. Esta criminalización que vienen ejecutando los distintos órganos del Poder Público Nacional, genuflexos a la voluntad del poder único, esta vez, es asumida por la Asamblea Nacional oficialista, que en vez de cumplir con su función contralora sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, violenta groseramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al extralimitarse en sus competencias al iniciar una investigación contra la profesional del Derecho Tamara Sujú, quien ya está condenada antes de ser juzgada, según se evidencia de las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional quien la calificó en forma despectiva como "la asesora legal de los auto nombrados perseguidos políticos", cuando anunció la designación de las Comisiones de Política Interior y Educación para "investigar la vinculación" de esta profesional del derecho "con actos desestabilizadores",  lo cual viola flagrantemente el derecho humano de presunción de inocencia.

3-    En nuestro deber indeclinable de hacer respetar la independencia y autonomía del libre ejercicio de la abogacía frente a los poderes del Estado:

3.1 Recordamos a las autoridades de los poderes públicos el deber del Estado de fortalecer el sistema judicial mediante la promoción de la independencia del poder judicial y el libre ejercicio de la profesión de abogado y de garantizar el derecho de acceso a la justicia en su doble dimensión; como derecho humano fundamental y como medio para el restablecimiento del ejercicio de los derechos negados o violentados.

3.2- Exigimos a la Asamblea Nacional que cese en su afán de criminalizar el ejercicio de la abogacía lo cual constituye un delito de lesa humanidad, que no prescribe.

3.3 La referida  investigación atenta claramente contra todo orden democrático y  violenta groseramente la Constitución que juraron defender, colocando al Poder Legislativo al servicio de fines muy distintos al de legislar para garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana y controlar la gestión publica.

3.4 Reiteramos nuestro apoyo a todos los colegas que también están siendo perseguidos y discriminados por el régimen, así como a la profesional del Derecho Tamara Sujú, respetada por el gremio de abogados por su trayectoria como defensora de los derechos humanos, especialmente de personas vinculadas al movimiento estudiantil, como Nixon Moreno y Julio Rivas, así como su intervención como mediadora en la solicitud de los estudiantes que recientemente hicieron una huelga de hambre frente a la Organización de Estados Americanos, para que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite a Venezuela para que inspeccione y elabore un informe sobre la violación de los derechos humanos.

3.5 Reiteramos a la gente que en el gremio de abogados seguirán teniendo una voz que denuncie nacional e internacionalmente los atropellos del régimen, que pretende imponer un sistema de justicia como el cubano, en el cual los acusados por el régimen son juzgados y "defendidos" por gente del régimen, a criterio de la jefatura única.

3.6 Convocamos a todos los venezolanos, especialmente a los abogados, a asumir el restablecimiento del Estado de Derecho, para que las normas que garantizan los derechos humanos dejen de ser letra muerta en nuestra patria.

3.7 El Colegio de Abogados ejercerá las acciones legales pertinentes.

Por la Junta Directiva

Yvett Lugo

Presidenta 

Caracas, 06 de octubre de 2009

COMUNICADO

Colegio de Abogados fija posición ante injusticias cometidas contra dirigentes de oposición por parte del gobierno nacional

 El Colegio de Abogados de Caracas, la corporación gremial con mayor número de profesionales afiliados del país, denunció la violación masiva de la Constitución por parte de altos funcionarios del Estado.

         El Colegio de Abogados de Caracas, expresa su consternación por las recurrentes violaciones a la Constitución de Venezuela, por parte de las autoridades supuestas a tutelar el estado de Derecho, con el nada disimulado propósito de reprimir y de constreñir a quienes discrepen o tengan una posición política diferente a la del señor presidente de la República:

1.      En la detención y encarcelamiento de 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, se incurrió en la más obscena infracción del principio de legalidad (artículo 49.6 de la Constitución) que establece que en materia penal ninguna persona puede ser sancionada sino por acciones u omisiones previstas de manera expresa por ley. Nuestro Código Penal al tipificar el delito de obstrucción a la vía pública, exige como condición de punibilidad la preparación de “peligro de un siniestro”. Sin embargo el juez que actuó en dicho proceso, hizo caso omiso a tal requisito y privó de su libertad a los trabajadores por el solo hecho de haber acudido al Tribunal Supremo de Justicia a gestionar sus derechos y haber ocupado por escasos minutos, las vías de acceso a dicha instancia judicial.

2.      En las órdenes de aprehensión contra Richard Blanco, presidente del partido “Alianza Bravo Pueblo” y Oscar Pérez, directivo de la misma organización política, las autoridades policiales, con el respaldo de la Fiscal General de la República, quebrantaron de manera paladina el precepto constitucional según el cual ninguna persona puede ser detenida sino en virtud de orden judicial  salvo en el caso de delitos in fraganti (artículo 44.1). Extremo este, que de ninguna manera concurrió en tales arrestos, porque los supuestos hechos ocurrieron el sábado 15 y las detenciones las decretó un órgano de seguridad, no judicial, cuatro días después.

El Colegio de Abogados de Caracas, fundado en 1788, constata con consternación que, en sus  más de 200 años de funcionamiento, jamás se había operado en Venezuela una exhibición tan impúdica de manipulación de la justicia con propósitos de retaliación política. Ni siquiera en tiempos de la intolerante colonia española. Ni durante las tiranías de Juan Vicente Gómez o de Marcos Pérez Jiménez. Estos últimos, déspotas y perpetradores, por lo menos no pecaron por hipócritas, porque no posaron de demócratas, ni prostituyeron la justicia.

 Siempre hay tiempo para rectificar. Por ello emplazamos al señor presidente de la República para que se abstenga de seguir utilizando a los jueces, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a los entes técnicos policiales en  “kangaroo courts” o “cortes canguro”, que es como conoce la doctrina universal a los tribunales que se constituyen para representar farsas judiciales.

 Solo así, retomaremos el camino de la paz social, la tolerancia al adversario y el sentido de convivencia civilizada. 

Yvett Lugo

Presidenta del Colegio de Abogados de Caracas

 Caracas, 1º de septiembre de 2009.

Colegio de Abogados respaldó a Perla Jaimes y aseguró que se criminaliza la profesión
Globovisión
18/06/2009 3:00:36 p.m