|
inicio |
Comunicados del Colegio y Noticias |
Manifiesto por la Paz, la Democracia, la Libertad y la Justicia
En el día de hoy, encontrándonos reunidos en la ciudad de Caracas, abogados miembros del Colegio de Abogados de Caracas y de organizaciones de derechos humanos, conscientes de que, de conformidad con la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, es voluntad de la Nación y de los estados que la integran garantizar la convivencia democrática regida por los principios de paz, libertad, justicia, igualdad, solidaridad y la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político.
Considerando: Que el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.
Considerando: Que en los últimos años estos principios esenciales para asegurar la gobernabilidad democrática, enmarcados en la convivencia y la tolerancia, han sido subyugados por el gobierno mediante el control de las Instituciones y de los poderes del estado, la instigación al odio entre hermanos, la criminalización de la disidencia, las amenazas continuas y cierres de medios de comunicación independientes, la persecución por motivos políticos, el encarcelamiento y exilio de quienes se atreven a manifestar su descontento a través de los distintos mecanismos de protesta y las continuas violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Considerando: Que la Asamblea Nacional saliente, en sus últimos días, aprobó, vulnerando la voluntad popular expresada a través del voto, leyes cuyo espíritu esta enmarcado en un proyecto abiertamente antidemocrático, contrario al pluralismo político como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, personalista y discriminatorio, viéndose claramente amenazados todos los derechos consagrados en la Carta Magna.
Considerando: que la Asamblea Nacional saliente, abusó de
sus atribuciones, a pocos días del cese de sus funciones y aprobó una nueva
Ley Habilitante que le concede al Presidente de la República la facultad de
legislar por 18 meses, dejando prácticamente inhabilitados a los nuevos
diputados recién electos para ejercer sus funciones. Con este habilitación a
quedado al descubierto la verdadera intención totalitaria del régimen,
cuando se ha facultado al Presidente de la Republica a legislar en todos los
ámbitos del acontecer nacional y así sustituir a la naciente Asamblea
Nacional electa en sus funciones legislativas.
Considerando: Que el régimen ha venido violentando e incentivando la
violación del derecho de propiedad en forma sistemática y generalizada
contra la Constitución, las normas vigentes y los principios generales del
derecho.
Anunciamos al país las siguientes resoluciones:
1) La creación del Frente Nacional de Abogados por la
Paz, la Democracia, la Libertad y la Justicia. Invitamos a todos los
Colegios de Abogados de los distintos estados, a los abogados y a los
estudiantes de la carrera del Derecho a integrarse a esta iniciativa cuyo
objetivo primordial es la denuncia nacional e internacional de las
violaciones a los Derechos Humanos Universales y de la Constitución
Nacional, y a garantizar la defensa de aquellos ciudadanos que están siendo
criminalizados por denunciar dichas violaciones y ejercer sus derechos a la
protesta pacífica.
2) El Frente tiene como misión, también, hacer del conocimiento ciudadano
los instrumentos legales existentes de los que dispone para la defensa de
sus derechos ciudadanos. Convocamos a todos los representantes del gremio a
organizarse en cada uno de sus estados para promover la realización de
cualquier tipo de actividades con miras al logro de esta misión.
3) Hacemos un llamado a todos los venezolanos a solidarizarse con quienes
hoy son presos y perseguidos políticos, y con quienes están siendo
desfavorecidos y discriminados por manifestar de cualquier modo, su rechazo
al sistema que se pretende imponer, contra lo pautado en la Constitución,
desde el poder.
4) Exigimos la derogación inmediata de todas las leyes que hayan sido
dictadas en abuso de poder y contra nuestra Carta Magna, así como la Ley
Habilitante.
5) Exigimos la discusión inmediata y con carácter de urgencia del proyecto
de Ley de Amnistía y de Reconciliación Política presentado por iniciativa
ciudadana por la ONG Foro Penal Venezolano y otras ONG´S, que se encuentra
reposando y sin haber sido discutida, como lo ordena nuestra Constitución,
en el Órgano Legislador desde Diciembre del 2009.
6) Exigimos el cese de las violaciones al derecho de propiedad que se
presentan en confiscaciones disfrazadas de decretos de expropiación, sin
procedimiento previo, ni garantías al derecho a la defensa y, la justa y
oportuna indemnización.
En Caracas, a los 11 días del mes de Enero de 2011
Contactos:
Email: frenteabogpdlj@gmail.com
Colegio de Abogados de Caracas: 0212-451-55-42 / 461 86 02
Foro Penal Venezolano: 0212 2638586
Yvett Lugo: 0414-331-90-75
Alfredo Romero: 04142340785
Gonzalo Himiob: 04246249657
Haydee Deutsch: 04145635629
Elenis Rodríguez: 04142302437
Tamara Suju: 04242290497
Jackeline Guevara: (FUNDEPRO) 7530921- 7538238
Alonso Medina Roa: 04143227646
Antonio Rosich: 04141291717
COMUNICADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS SOBRE LA LEY HABILITANTE
Los Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela de los Estados Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Apure, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre y Zulia, reunidos en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Comunicamos a los ciudadanos nuestro repudio a la Ley Habilitante aprobada por los Asambleístas, para complacer la voluntad del Primer Mandatario de la República de arrogarse la facultad de legislar a su libre arbitrio, mediante decretos con rango, valor y fuerza de ley en los próximos 18 meses, despreciando la voluntad de la gente de vivir en un clima democrático de derecho y libertad. Habilitación que intentan fundamentar en los últimos eventos climáticos. El pueblo resiente el discurso de siempre de quien no ha hecho nada por su bienestar, sino todo lo contrario, de quien después de 11 años con plenos poderes e ingentes recursos despilfarrados, pide poderes extraordinarios para tener más poder por el poder. La gente de Venezuela exige respeto. Esta práctica es antidemocrática y atenta contra la separación de los poderes.
El período de los Diputados a la Asamblea Nacional es de 5 años de acuerdo a la Constitución Nacional, por lo cual la potestad legislativa de los actuales Asambleístas vence el 4 de enero de 2011, por lo tanto no pueden delegar mas allá de esa fecha su potestad legislativa, que han agotado y que no tienen por el principio de la revocabilidad de sus mandatos e incurren en una bochornosa usurpación de poderes tanto el Presidente de la República y los Asambleístas. No podemos aceptar que esta moribunda Asamblea Nacional se extralimite y en un burdo fraude constitucional se burle de la soberanía popular que eligió nuevos diputados a la Asamblea Nacional. Con esta habilitación ha quedado al descubierto la verdadera intención totalitaria del régimen, cuando se ha facultado al Presidente de la República a legislar en todos los ámbitos del acontecer nacional y así sustituir a la naciente Asamblea Nacional electa en sus funciones legislativas. Expresamos con indignación que esta Ley Habilitante es un golpe de estado al orden jurídico constitucional y al estado democrático y social de derecho y justicia.
También preocupa a la dirigencia nacional del gremio de abogados, la aprobación apresurada por parte de la Asamblea Nacional de textos legales que ni siquiera han sido consultados con la sociedad civil como lo ordena el artículo 211 del texto constitucional y en abierta contradicción con preceptos contenidos en ese magno texto, tales como son los casos de las comunas como forma de organización, sustituyendo en la práctica a los municipios, que de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del texto constitucional, constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Del cúmulo de leyes y reformas cuya consideración ha fijado el parlamento vale la pena comentar lo atinente a la reforma de la ley denominada de Responsabilidad Social en radio y televisión, así como otras ingentes reformas no anunciadas previamente, pero en actual discusión, como la que versa sobre las Ley de Telecomunicaciones, estas últimas con grave incidencia en la libertad de expresión y el control de los medios en una especie de búsqueda de una hegemonía comunicacional.
Caracas, 20 de diciembre de 2010.
Colegio de Abogados rechaza investigaciones contra familia de Brito
(SC) www.notitarde.com
DISCURSO DEL DR. ÁLVAREZ PAZ. DÍA DEL ABOGADO
DISCURSO DE ELINOR MONTES. DÍA DEL ABOGADO
Admitido recurso de nulidad introducido contra artículo 46 del Código Civil
http://www.tsj.gov.ve/
Designan miembros de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=7704
Monto de los emolumentos para el traslado del Alguacil al lugar de la práctica de la citación, plazo para su consignación
ir al enlace http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Junio/RC.00198-1610-2010-09-644.html
SENTENCIA DE INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES
NUEVA JURISPRUDENCIA SOBRE LA ACCIÓN DE SIMULACIÓN
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
CARACAS
Fundado en 1788
221 años de Historia y Vida Gremial
CONDICIONES INADECUADAS, INSEGURAS E INSALUBRES EN LOS
TRIBUNALES DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
El Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, en cumplimiento de su deber gremial y social, actuando en la defensa y dignidad de las condiciones de trabajo de los profesionales del derecho, en su diario litigio en los Tribunales en el Área Metropolitana de Caracas, Dependencias Administrativas y las distintas sedes en donde se imparte justicia, informa a sus agremiados que es de nuestro interés insistir en resolver las condiciones de hacinamiento, inseguridad e insalubridad laboral a la que se encuentran sometidos los Abogados.
Reunidos en la sede del Distrito Capital en fecha 8 de abril de 2010, un grupo de abogados litigantes conjuntamente con Yvett Lugo Presidenta del Colegio de Abogados, se decidió presentar ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), sendos informes descriptivos de las condiciones insalubres e infrahumanas en que se presta servicio judicial en los distintos tribunales del Circuito Judicial, reúnen estos informes la mayoría de las denuncias que hemos presenciado relativas a condiciones y medio ambiente de trabajo en las sedes ubicadas en:
- Centro Empresarial Los Cortijos Piso 3 (sede de los Juzgados de Municipio- Caracas).
- Edificio José María Vargas (sede los Juzgados Superiores Civiles y de Municipio- Caracas).
- Edificio CAVEGUIAS (sede de los Tribunales de LOPNNA- Caracas).
- Sede Centro Simón Bolívar (sede de los Juzgado de Primera Instancia Civil- Caracas).
- Edificio Impres, El Rosal (sede de los Tribunales Contenciosos-Administrativos).
Cada informe representa una sede judicial, y describe las deficiencias que presentan estos Tribunales tanto en su infraestructura, como en las áreas administrativas destinadas a la actividad judicial, destacando situaciones como las siguientes:
1. El inadecuado acceso a los tribunales, por las deficientes condiciones que presentan los ascensores, en muchos casos, el trayecto a los pisos se realiza a pie, por escaleras poco adecuadas para el elevado tráfico de personas que ingresan a los Despachos Judiciales.
2. Los baños presentan ausencia y deficiencia en las piezas sanitarias, aunado a la ausencia de agua y papel higiénico.
3. El aire acondicionado no funciona en ninguna de las áreas administrativas, pero además estas oficinas carecen de ventanas que permitan la entrada y salida de aire, provocando graves daños a la salud de las personas que allí laboramos.
4. Los expedientes se encuentran en algunos archivadores que evidencian deterioro además de saturados, y que en ocasiones se guardan en cajas de cartón y apilados en el suelo.
5. La falta de iluminación adecuada, techos en franco desprendimiento, el ruido, los huecos en el suelo cubiertos con alfombras, el hacinamiento en las diferentes áreas del tribunal, entorpecen, perjudican y denigran de la actividad diaria en los Tribunales, elevando a condiciones miserables la Majestad de la Justicia.
6. Las pésimas divisiones administrativas, elevan la temperatura a unos niveles insoportables, creando un ambiente insalubre, inadecuado e inseguro, que altera y pone en riesgo la salud de quienes acudimos a estos centros de justicia.
7. El Sistema Iuris, es difícil encontrarlo en fase rápida, siempre es demasiado lento, y rara vez está actualizado, y si el espacio dispone de altas temperaturas de calor se cae el sistema digital.
Exhortamos a los profesionales del derecho, a unirnos en esta lucha por unas condiciones dignas en el ejercicio de la profesión, para lo cual pueden dirigirse a nuestra sede gremial ubicada en la Av. Páez El Paraíso, y exponer experiencias, sugerencias, quejas, denuncias y/o cualquier otra información que nos permita elevar acciones tendentes al rescate de las condiciones dignas de trabajo en los Circuitos Judiciales del Área Metropolitana de Caracas, o a través del correo electrónico: presidencia@ilustrecolegiodeabogadosdecaracas.com
Nuestra exigencia está fundamentada en el derecho humano que toda persona tiene al trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias, principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el derecho que tenemos todos y todas las personas a la protección de las condiciones adecuadas y seguras en el trabajo, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), que establece como objeto primordial de esta Ley condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, tipificados en el artículo 1 numerales 1,2,3,………………. ES POR ELLO EXIGIMOS DE LOS ORGANISMOS RESPONSABLES RESPUESTAS INMEDIATAS A ESTA PROBLEMÁTICA.
Informamos que la Dra. Aiveh Vargas, es quien adelanta las acciones ante los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las condiciones dignas de trabajo, y en fecha 05 de mayo de 2010, presentó los informes ante el INPSASEL, los cuales fueron recibidos, aguardamos respuesta que informaremos en esta página próximamente.
Es justicia que esperamos en la Ciudad de Caracas a los 6 días del mes de mayo de 2010.
Dra. Yvett Lugo Urbáez
Presidenta
GERENCIA GREMIAL A PUERTAS ABIERTAS…
SUSPENSIÓN DEL HORARIO ESPECIAL DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
Caracas, 21 de Mayo de 2010
200° y 151°
RESOLUCION Nº 2010 – 0050
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Comisión Judicial, creada mediante la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, aprobada en sesión de la Sala Plena de fecha 2 de agosto de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 37.014, de fecha 15 del mismo mes y año, en aplicación de lo establecido en la parte in fine del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49, cardinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el servicio público de administración de justicia, debe estar regido por los principios de transparencia, autonomía, gratuidad, imparcialidad, independencia, responsabilidad y celeridad, a cuyo efecto los Tribunales de la República deben estar integrados sólo por el personal necesario y acreditado para la materialización de tales principios,
CONSIDERANDO
Que, el Poder Judicial, mediante Resolución N° 2010-0001, de fecha 14 de enero de 2010, resolvió tomar las medidas necesarias para el uso racional y adecuado del servicio de energía eléctrica con el libre acceso, atención y seguridad de los justiciables y previa asunción de las medidas necesarias para que no se suspendiese el servicio público de administración de justicia, entre las cuales se estableció un horario provisional de labores comprendido de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., como medida temporal generada por la situación a nivel nacional en materia de energía eléctrica.
RESUELVE:
PRIMERO: Dejar sin efecto la Resolución Nº 2010 – 0001 de fecha catorce (14) de enero de 2010.
SEGUNDO: El restablecimiento del horario laboral en todos los Juzgados de la República Bolivariana de Venezuela, en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Direcciones Administrativas Regionales, en la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la Inspectoría General de Tribunales y en la Escuela Nacional de la Magistratura; a partir de la presente fecha.
TERCERO: Se exhorta a todos los Juzgados de la República, a los Directores, Gerentes y Jefes de Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectores e Inspectoras de la Inspectoría General de Tribunales, Directores de la Escuela Nacional de la Magistratura, Jueces o Juezas de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, Presidentes o Presidentas de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Jueces Rectores y Juezas Rectoras, Presidentes y Presidentas de Circuitos Judiciales Penales, Presidentes y Presidentas de Circuitos Judiciales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Jueces Superiores y Presidentes o Presidentas de las Salas de Cortes de Apelaciones, Jueces y Juezas de la República, a continuar velando por el uso racional y adecuado del servicio de energía eléctrica de todo el personal a su cargo.
Se ordena la publicación de esta Resolución en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.
Comuníquese y publíquese.-
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil diez. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Los Magistrados,
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA,
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ,
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE,
LUIS ALFREDO SUCRE CUBA,
EVELYN MARRERO ORTIZ,
El Secretario,JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Caracas, 21 de Mayo de 2010 200° y 151°
RESOLUCION Nº 2010 – 0050
http://www.tsj.gov.ve/informacion/resoluciones/cj/resolucionCJ_0001165.html
Colegio de Abogados fija posición frente a la institucionalización de la criminalización del ejercicio de la abogacía.
El Colegio de Abogados de Caracas, en cumplimiento de su deber gremial y social, actuando en defensa del Estado de Derecho, de la libertad y de la justicia, como deberes inherentes al ejercicio de la abogacía, reitera la posición del Gremio de Abogados frente a la criminalización del ejercicio de la abogacía ejecutada sistemáticamente por el régimen:
1- Los abogados como parte integrante del sistema de justicia tenemos el deber y el derecho de asistir a todos los sectores de la sociedad en la protección de sus derechos e intereses legítimos, especialmente a quienes, por carecer de un profundo conocimiento del Derecho, están imposibilitados para ejercer eficientemente la defensa de sus derechos civiles, políticos, sociales, de las familias, culturales, educativos, económicos, y demás derechos individuales y colectivos garantizados por la Ley. Son los abogados quienes con el correcto ejercicio de su ministerio protegen valores fundamentales como la libertad, la justicia, la igualdad y la paz, sin los cuales la vida no tendría sentido.
2- Reiteramos nuestro repudio a lo que constituye una clara política de terrorismo de Estado, evidenciada en la sistemática criminalización del ejercicio de la abogacía mediante la persecución y asesinato moral de los abogados que por haber ejercido su profesión con autonomía e independencia han contrariado los intereses del régimen. Esta criminalización que vienen ejecutando los distintos órganos del Poder Público Nacional, genuflexos a la voluntad del poder único, esta vez, es asumida por la Asamblea Nacional oficialista, que en vez de cumplir con su función contralora sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, violenta groseramente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al extralimitarse en sus competencias al iniciar una investigación contra la profesional del Derecho Tamara Sujú, quien ya está condenada antes de ser juzgada, según se evidencia de las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional quien la calificó en forma despectiva como "la asesora legal de los auto nombrados perseguidos políticos", cuando anunció la designación de las Comisiones de Política Interior y Educación para "investigar la vinculación" de esta profesional del derecho "con actos desestabilizadores", lo cual viola flagrantemente el derecho humano de presunción de inocencia.
3- En nuestro deber indeclinable de hacer respetar la independencia y autonomía del libre ejercicio de la abogacía frente a los poderes del Estado:
3.1 Recordamos a las autoridades de los poderes públicos el deber del Estado de fortalecer el sistema judicial mediante la promoción de la independencia del poder judicial y el libre ejercicio de la profesión de abogado y de garantizar el derecho de acceso a la justicia en su doble dimensión; como derecho humano fundamental y como medio para el restablecimiento del ejercicio de los derechos negados o violentados.3.2- Exigimos a la Asamblea Nacional que cese en su afán de criminalizar el ejercicio de la abogacía lo cual constituye un delito de lesa humanidad, que no prescribe.
3.3 La referida investigación atenta claramente contra todo orden democrático y violenta groseramente la Constitución que juraron defender, colocando al Poder Legislativo al servicio de fines muy distintos al de legislar para garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana y controlar la gestión publica.
3.4 Reiteramos nuestro apoyo a todos los colegas que también están siendo perseguidos y discriminados por el régimen, así como a la profesional del Derecho Tamara Sujú, respetada por el gremio de abogados por su trayectoria como defensora de los derechos humanos, especialmente de personas vinculadas al movimiento estudiantil, como Nixon Moreno y Julio Rivas, así como su intervención como mediadora en la solicitud de los estudiantes que recientemente hicieron una huelga de hambre frente a la Organización de Estados Americanos, para que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite a Venezuela para que inspeccione y elabore un informe sobre la violación de los derechos humanos.
3.5 Reiteramos a la gente que en el gremio de abogados seguirán teniendo una voz que denuncie nacional e internacionalmente los atropellos del régimen, que pretende imponer un sistema de justicia como el cubano, en el cual los acusados por el régimen son juzgados y "defendidos" por gente del régimen, a criterio de la jefatura única.
3.6 Convocamos a todos los venezolanos, especialmente a los abogados, a asumir el restablecimiento del Estado de Derecho, para que las normas que garantizan los derechos humanos dejen de ser letra muerta en nuestra patria.
3.7 El Colegio de Abogados ejercerá las acciones legales pertinentes.
Por la Junta Directiva
Yvett Lugo
Presidenta
Caracas, 06 de octubre de 2009
COMUNICADO
Colegio de Abogados fija posición ante injusticias cometidas contra dirigentes de oposición por parte del gobierno nacional
El Colegio de Abogados de Caracas, la corporación gremial con mayor número de profesionales afiliados del país, denunció la violación masiva de la Constitución por parte de altos funcionarios del Estado.
El Colegio de Abogados de Caracas, expresa su consternación por las recurrentes violaciones a la Constitución de Venezuela, por parte de las autoridades supuestas a tutelar el estado de Derecho, con el nada disimulado propósito de reprimir y de constreñir a quienes discrepen o tengan una posición política diferente a la del señor presidente de la República:
1. En la detención y encarcelamiento de 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, se incurrió en la más obscena infracción del principio de legalidad (artículo 49.6 de la Constitución) que establece que en materia penal ninguna persona puede ser sancionada sino por acciones u omisiones previstas de manera expresa por ley. Nuestro Código Penal al tipificar el delito de obstrucción a la vía pública, exige como condición de punibilidad la preparación de “peligro de un siniestro”. Sin embargo el juez que actuó en dicho proceso, hizo caso omiso a tal requisito y privó de su libertad a los trabajadores por el solo hecho de haber acudido al Tribunal Supremo de Justicia a gestionar sus derechos y haber ocupado por escasos minutos, las vías de acceso a dicha instancia judicial.
2. En las órdenes de aprehensión contra Richard Blanco, presidente del partido “Alianza Bravo Pueblo” y Oscar Pérez, directivo de la misma organización política, las autoridades policiales, con el respaldo de la Fiscal General de la República, quebrantaron de manera paladina el precepto constitucional según el cual ninguna persona puede ser detenida sino en virtud de orden judicial salvo en el caso de delitos in fraganti (artículo 44.1). Extremo este, que de ninguna manera concurrió en tales arrestos, porque los supuestos hechos ocurrieron el sábado 15 y las detenciones las decretó un órgano de seguridad, no judicial, cuatro días después.
El Colegio de Abogados de Caracas, fundado en 1788, constata con consternación que, en sus más de 200 años de funcionamiento, jamás se había operado en Venezuela una exhibición tan impúdica de manipulación de la justicia con propósitos de retaliación política. Ni siquiera en tiempos de la intolerante colonia española. Ni durante las tiranías de Juan Vicente Gómez o de Marcos Pérez Jiménez. Estos últimos, déspotas y perpetradores, por lo menos no pecaron por hipócritas, porque no posaron de demócratas, ni prostituyeron la justicia.
Siempre hay tiempo para rectificar. Por ello emplazamos al señor presidente de la República para que se abstenga de seguir utilizando a los jueces, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a los entes técnicos policiales en “kangaroo courts” o “cortes canguro”, que es como conoce la doctrina universal a los tribunales que se constituyen para representar farsas judiciales.
Solo así, retomaremos el camino de la paz social, la tolerancia al adversario y el sentido de convivencia civilizada.
Yvett Lugo
Presidenta del Colegio de Abogados de Caracas
Caracas, 1º de septiembre de 2009.
Colegio de Abogados respaldó a Perla Jaimes y aseguró que
se criminaliza la profesión
Globovisión
18/06/2009 3:00:36 p.m
La presidente del Colegio de Abogados Ivett Lugo salió en defensa de la abogado Perla Jaimes quien fuese imputada por el Ministerio Público, por presunta obstaculización de la justicia, durante el allanamiento realizado a la quinta “La Cerradura”, propiedad del presidente de Globovisión Guillermo Zuloaga.
Lugo señaló que en el caso de Perla Jaimes se está criminalizando el libre ejercicio de la profesión de abogado: “Vemos claramente cómo la fiscalía imputa a la colega por unas actuaciones en defensa de sus representados. Actuó de manera diligente y en defensa del derecho de sus representados y esto le acarrea estas consecuencias”.
Dijo que la abogada Perla Jaimes con su actuación, lo que hizo fue exigirle a los organismos policiales les mostrara la orden de allanamiento y de esta manera garantizar que la actuación de los organismos judiciales estuviese ajustado a derecho.
Dijo que desde la Fiscalía se declara como delito hechos que son obligación de los abogados en el ejercicio profesional que es defender los derechos de los representados: “lo que está sucediendo es criminalizar no solo el ejercicio de la profesión, sino también la disidencia”.
